PANAMÁ. Grupo Unidos por el Canal, S.A. (GUPC), que construye el tercer juego de esclusas, aún no ha completado la documentación sobre el reclamo de 573 millones de dólares que interpuso contra la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Jorge Quijano, nuevo administrador de la ACP, dice que el consorcio envía la información por "pedazos", lo cual dificulta su evaluación. Las esclusas, cuya construcción — hasta finales de julio— tenían un avance de 43%, debían estar listas en octubre de 2014, pero un retraso en la aprobación de la fórmula del concreto alteró el cronograma. La situación llevó al consorcio a presentar el reclamo ante la ACP.
Quijano, quien mañana martes asumirá formalmente su cargo de administrador de la vía interoceánica, asegura que la falta de documentación no les permite comenzar un análisis integral del reclamo. "Les hemos dado tiempo, pero también tienen que darnos más tiempo porque esto es un paquete muy grande", dijo en entrevista con La Estrella.
Según Quijano, la ACP agotará todas las instancias en este caso, y se muestra confiado de que saldrá victorioso ya que, asegura, los asesora un grupo de expertos de alto nivel que conoce con exactitud el contrato porque participaron en su redacción.
La ACP ya le había advertido al consorcio —formado por Sacyr Vallehermoso, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA— de las demoras en el vaciado del concreto, proceso que debió iniciar en enero pasado.
"Le vamos a demostrar que todos los aspirantes tuvieron la oportunidad de hacer pruebas de suelo, estudiar la fuerza laboral panameña, los procesos, las limitantes de la ley. Todo eso fue parte del due diligence. Se dio mucho tiempo para poder hacer una evaluación de los riesgos".
GUPC ha indicado que terminará la obra en abril de 2015, el contrato vence el 21 de octubre de 2014.
Quijano también aseguró que la ACP le da seguimiento a la situación financiera de las empresas que forman GUPC, pero que le corresponde a este, como consorcio, responder ante cualquier dificultad de las empresas que lo forman.
El programa de ampliación tiene un costo de 5,250 millones de dólares.
PANAMÁ. Grupo Unidos por el Canal, S.A. (GUPC), que construye el tercer juego de esclusas, aún no ha completado la documentación sobre el reclamo de 573 millones de dólares que interpuso contra la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Jorge Quijano, nuevo administrador de la ACP, dice que el consorcio envía la información por "pedazos", lo cual dificulta su evaluación. Las esclusas, cuya construcción — hasta finales de julio— tenían un avance de 43%, debían estar listas en octubre de 2014, pero un retraso en la aprobación de la fórmula del concreto alteró el cronograma. La situación llevó al consorcio a presentar el reclamo ante la ACP.
Quijano, quien mañana martes asumirá formalmente su cargo de administrador de la vía interoceánica, asegura que la falta de documentación no les permite comenzar un análisis integral del reclamo. "Les hemos dado tiempo, pero también tienen que darnos más tiempo porque esto es un paquete muy grande", dijo en entrevista con La Estrella.
Según Quijano, la ACP agotará todas las instancias en este caso, y se muestra confiado de que saldrá victorioso ya que, asegura, los asesora un grupo de expertos de alto nivel que conoce con exactitud el contrato porque participaron en su redacción.
La ACP ya le había advertido al consorcio —formado por Sacyr Vallehermoso, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA— de las demoras en el vaciado del concreto, proceso que debió iniciar en enero pasado.
"Le vamos a demostrar que todos los aspirantes tuvieron la oportunidad de hacer pruebas de suelo, estudiar la fuerza laboral panameña, los procesos, las limitantes de la ley. Todo eso fue parte del due diligence. Se dio mucho tiempo para poder hacer una evaluación de los riesgos".
GUPC ha indicado que terminará la obra en abril de 2015, el contrato vence el 21 de octubre de 2014.
Quijano también aseguró que la ACP le da seguimiento a la situación financiera de las empresas que forman GUPC, pero que le corresponde a este, como consorcio, responder ante cualquier dificultad de las empresas que lo forman.
El programa de ampliación tiene un costo de 5,250 millones de dólares.