Esta vez la columna de la defensora no es motivada por una misiva de mis corresponsales, más bien es motivada por la variedad de opiniones —a favor y en contra— que surgen cuando se habla de los límites que deben existir entre la vida pública y la privada de los funcionarios.
El tema cobra nuevamente vigencia con el reciente hecho que no solo divulgaron los medios en Costa Rica, donde se originó la situación, sino que circuló en internet y muchos medios fuera de ese país y que La Estrella también publicó en la sección internacional y en el sitio web.
El hecho al que me refiero fue un "escándalo" sobre un vídeo íntimo en el que aparecía la viceministra de Cultura de Costa Rica, Karina Bolaños, y que dio la vuelta por muchos sitios a través de muchos medios de comunicación. Ante una noticia como esa, vale la pena preguntarse hasta dónde llega el derecho a la intimidad de los funcionarios y qué tiene interés público y qué debe permanecer en el ámbito privado.
El tema generó tanto interés entre los periodistas que el Consultorio Ético de la Fundación Nuevo Periodismo de Colombia recibió y respondió varias preguntas sobre el video y la funcionaria.
Luego de la divulgación de video, la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, dejó cesante a la viceministra. ¿Qué motivos tuvo para hacerlo? ¿Según su apreciación personal, la revelación de ese vídeo afecta la imagen del gobierno? ¿O la respetabilidad del país? ¿O constituye un mal ejemplo para la juventud? Son preguntas inspiradas por el video y la decisión de la presidenta.
El Consultorio Ético respondió de la siguiente manera: También son invasores los medios de comunicación que, al difundir el vídeo, que siempre debió permanecer en lo íntimo, amplifican la acción del chantajista que robó el video y cobró para no divulgar.
Este delincuente, —explican— utilizó imágenes de la intimidad de la funcionaria para extorsionarla: los medios usan las mismas imágenes ante millones de personas, también para ganar dinero, porque a eso equivale la búsqueda de audiencias. La diferencia entre el delincuente y los medios es poca.
Añaden que los medios no extorsionan, pero se amparan en el pretexto de su deber de informar. Sin embargo, extorsionista y medios se asoman a una intimidad y la convierten en una mercancía. Pero esa intimidad debe ser inviolable, puesto que mantener parte de la vida personal fuera de la mirada pública es un derecho, y nadie tiene el derecho de erigirse en juez de la funcionaria, puesto que su conducta solo la afecta personalmente pero en nada afecta el interés público. Hasta aquí la opinión de los expertos del Consultorio Ético.
En La Estrella le pregunté al redactor que publicó la nota en la sección internacionales y me dijo que su decisión de publicar la basó en que era un hecho que afecta al gobierno de Costa Rica y porque sabía que el tema despertaba interés en los lectores. "Fue reportado por las agencias de noticias y lo vi en muchos medios", contó.
Si me preguntan: ¿es "ético" publicar en los medios un tema que está relacionado a la vida privada de los funcionarios? La respuesta sería descomplicada: las personas tienen derecho a la intimidad, solo que para los funcionarios esta es más restringida porque en alguna situación la vida privada de ellos podría afectar el interés público.
Sobre este tema en particular, el periodista Jorge Ramos, de la Cadena Univisión, tiene una opinión que comparto también. Él escribió en una ocasión que las actuaciones de la primera dama de su país, México, Martha Sahagún, son importantes si ellas afectaban la vida pública del país; de menos, no.
Relataba que "no me importa si Marta Sahagún, la primera dama de México, cree en la brujería. Tampoco me importa cómo se unió al presidente Vicente Fox ni quién le corta el pelo y le arregla las uñas. Esos son asuntos privados. Me tiene que importar, decía Ramos, cuando las acciones privadas de Marta Sahagún afectan la vida pública de México, eso sí me interesa y me importa por el simple hecho de ser mexicano".
Se desprende de lo anotado, entonces, que es obligación de los periodistas investigar a fondo cualquier tema que concierna a un funcionario en el ejercicio de sus deberes porque las consecuencias de las tareas que éste individuo lleve a cabo afectan, en mayor o menor grado, el entorno o la vida comunitaria de quienes le dieron su voto de confianza para ocupar el cargo.
En conclusión, como bien lo plantea Ramos, el límite entre lo público y privado es cuándo lo privado afecta la vida pública del país. La razón para publicar jamás debe ser por el ""morbo"" y para ganar audiencias, la razón debe ser un legítimo interés público y el derecho a la información.
DEFENSORA DEL LECTOR
↧