Hasta hace poco el estandarte panameño era "La nación más tranquila en la región, después de Costa Rica". La sensación de bienestar hacía parte del imaginario colectivo de un país de calles seguras, donde "uno podía dormirse en una banca del parque Herrera y despertar completo, dejar la puerta de su casa abierta y no pasaba nada", recuerda la socióloga Juana Camargo.
Ya no es así. "El destape vino después de la invasión de EEUU a Panamá en el 89", explica el sociólogo Marco A. Gandásegui. La invasión puso fin al control de pandillas, drogas y armas de la dictadura de Manuel Antonio Noriega, y abrió el mercado del delito en el escenario de la pequeña nación, no preparada para lo que vendría. El crimen organizado, que Gandásegui define como: "penetración de las redes criminales en los gobiernos", se fortaleció en Latinoamérica: Colombia, Perú, Guatemala... Panamá.
Años después, el Ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, dice una y otra vez que "el narcotráfico se apoderó de lugares estratégicos". La posición geográfica convirtió a este país en uno. Excusa perfecta de la constante influencia de EEUU en las políticas de turno, dice Gandásegui.
Desde el advenimiento de la democracia, gobierno tras gobierno, aumentaron las partidas para defensa y seguridad ¿De qué sirvió? Para los panameños, de nada. El 80% apunta a la inseguridad como problema primordial. Una realidad que el propio Mulino reconoce: Admitió que las políticas fracasaron aunque su administración destinó 500 millones de dólares en la ejecución del unidireccional Plan de Estrategia de Seguridad.
¿Qué falló?
"VIENE EL LOBO"
El fenómeno violencia fue ignorado por años, con incipientes procesos cortados una y otra vez, al empezar los ciclos presidenciales.
Así, el gobierno de Pérez Balladares implementó un programa de rehabilitación de pandilleros que dejó un saldo de cero pandillas en Colón y 80 en Ciudad de Panamá. Pero el gobierno de Mireya Moscoso no lo continúo. "Lo que inicia no concluye por las luchas bipartidistas", cuenta el consultor Gilberto Toro. El nuevo gobierno archivó el proceso, destituyó a los responsables, los muchachos quedaron solos, algunos formaron fundaciones, consiguieron trabajo, otros volvieron a las calles desconfiados y recelos.
Mientras el estandarte de la seguridad sobresalía de nuevo en la región y el gobierno establecía "los fundamentos de la política panameña de seguridad", la violencia poco a poco se nutría en las zonas marginales. Las pandillas se multiplicaron, incrementando los índices criminales.
De repente, la alerta: una balacera en Casco Antiguo, en fuego cruzado, el alcalde Juan Carlos Navarro. Se activaron las alarmas, el gobierno inició un nuevo proceso, sin mirar atrás. Y fracasó. Entonces, con la presión internacional encima, Mireya adoptó el modelo hondureño. La Ley antipandillas: todo el que parece o se le asocia con una pandilla, va preso. Mano dura.
"Los pandilleros llenaron las cárceles", cuenta Toro. "¡Qué felicidad! El gobierno logró limpiar las calles", continúa el especialista en pandillas, pero: "Qué hacer ahora con esos chicos". La sobrepoblación carcelaria hizo su aparición. Un problema de arrastre que aún hoy no encuentra solución.
¡Viene el lobo. Viene el lobo! indicaban los emergentes brotes de violencia barrial, y como en la fábula de Esopo, nadie hizo caso hasta que el crimen salió de los cinturones de pobreza para alimentarse en zonas residenciales, y más allá, en las provincias. "A nadie le importaba hasta que los chicos empezaron a mezclarse con el sicariato y eso afecto al resto de la ciudadanía", cuenta Rafael Zeballos, director de la fundación Jesús Luz de Oportunidades.
PLANES DE SEGURIDAD
Martín Torrijos debía crear un Plan de alerta de Seguridad Nacional. Y así lo hizo. La Alianza Ciudadana Pro Justicia elaboró un primer plan.
En esa época también se consolidó el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), "herramienta para militarizar el país cercando comunidades indígenas y campesinas", explica Gandásegui. A mediados del 2008 Panamá se adscribió al Plan Mérida, una iniciativa estadounidense de seguridad para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en la región. Para los especialistas, otra iniciativa que busca recomponer la hegemonía del país del norte en territorio istmeño.
Con la presión internacional, Ricardo Martinelli se posiciona en 2010, cambiando de nuevo las directrices.
Aprueba la creación de un nuevo Ministerio de Seguridad Pública para planificar coordinar, dirigir, controlar y apoyar los estamentos de seguridad e inteligencia del país. Los especialistas opinan que le falta contenido: No hay prevención, no hay observación.
A pesar del presupuesto recibido de mil 500 millones, 637 para el año fiscal 2013, el ministerio no tiene estructura institucional y tampoco existe un foco de estudio. Está el SIEC (Sistema de Estadísticas Criminales), que da las cifras de violencia, pero falta el componente de observación y análisis.
El plan del gobierno anterior fue cambiado por el Plan de Estrategia Nacional 2011-1014, que para los expertos es una copia del plan de Nicaragua, aplicada sin consulta acá. "Se repiten errores, copian mal lo de afuera, en lugar que reconocer el trabajo precedente", sugiere Toro. Así, una y otra vez se firmaron tratados, acuerdos, implementándose nuevas políticas y planes que siguen sin responder a la realidad panameña.
Pese a todos los esfuerzos en seguridad, las presiones que ejercen las diversas modalidades de violencia van penetrando gradualmente en el entramado social e institucional del Estado. La política ha dado resultados en la lucha contra el narcotráfico: el país ostenta la incautación de 70 toneladas anuales de cocaína -2 mil 400 millones de dólares a precio de mercado-, pero no ha logrado resolver el problema de seguridad ciudadana. Veinticuatro asesinatos por cada 100 mil habitantes: solo un 17% asociado al narcotráfico y al crimen organizado.
"ENFERMOS DE VIOLENCIA"
Mulino dice que la sociedad panameña está "enferma de violencia". Admite que la violencia doméstica y las riñas callejeras se tomaron el primer puesto. Pero este es un problema viejo, dice Toro. No responde a políticas represivas y tiene su origen en el olvido estatal: la marginalidad como deficiencia, la ruptura del sistema escolar, la falta de oportunidades para que los jóvenes desarrollen sus potencialidades, se convierten en caldo de cultivo para procesos de violencia doméstica y callejera, que en el tiempo se transforma en crimen organizado. Una historia ya conocida por quienes implementan las políticas estatales. La fórmula es simple, explica Toro: mayor inversión en procesos sociales menos violencia (ver recuadros).
Para la periodista Magaly Montilla, que coordina el reporte mensual de crímenes en El Siglo, es un asunto de discurso: "Hace dos años se decía que el mayor problema era el narcotráfico y por eso se implementó toda esta política de seguridad represiva". Hoy las estadísticas de violencia apuntan a las calles, al espacio cotidiano.
El crimen en Panamá no es tan agudo como en Guatemala, Honduras o México. Podría acabarse con más prevención y promoción. Zeballos y Toro, que han tenido experiencias de rehabilitación exitosas con pandillas en Colón, San Felipe, Chorrillo y Curundú, creen que los altos índices de violencia se deben a la falta de voluntad política.
"El gobierno complica este tema porque le conviene, el crimen justifica más inversión", afirma Toro. "De lo contrario, hace rato hubieran acabado con el problema a través de proyectos educativos y laborales de inclusión social, como el de Colón en el 98, el de Curundú, o los de la Fundación de Jesús", concluye.
Zeballos le apoya. Y es que él ahora mismo está culminando un proceso con una pandilla de la zona del Casco Viejo con presupuestos privados y autogestionados: 30 hombres reinsertados a la vida laboral. ¿El costo total del proyecto? 70 mil dólares. "¿Cuánto vale un radar, un avión, los helicópteros?", pregunta este panameño, comprometido en la lucha contra la violencia a través de políticas de seguridad no represivas, que brinden otras oportunidades a los niños y acaben con las 250 pandillas de Panamá, sin terminar con las vidas de sus 5 mil miembros.
"ESTAMOS CONFUNDIDOS"
Para los especialistas, la política de seguridad parte de la base equivocada: un gobierno que invierte 49 millones para vigilar las fronteras, ganarle la lucha al narcotráfico y el terrorismo, pero no en programas a largo plazo para disminuir los niveles de pobreza de las 300 mil personas de los cinturones de miseria, presas fáciles del delito. Un gobierno que manda a construir 4 prisiones para solucionar el problema carcelario, pero no tiene observatorios de violencia adecuados al contexto, ni programas de rehabilitación para los privados de libertad.
En lugar de prevenir, el gobierno en su intento por disminuir el crimen, sigue apostando a reprimir. Reforzar muros, barrotes, crear espacios de control. Estamos enfermos de violencia, sí, reafirma Toro, pero es un problema anclado en la falta de oportunidades, en la educación deficiente. "Al seguirle el juego a EEUU en sus políticas de militarización, nos hemos olvidado del entramado social y la inmensa desigualdad donde nace el círculo de la violencia", concluye Gandásegui.
Hasta hace poco el estandarte panameño era "La nación más tranquila en la región, después de Costa Rica". La sensación de bienestar hacía parte del imaginario colectivo de un país de calles seguras, donde "uno podía dormirse en una banca del parque Herrera y despertar completo, dejar la puerta de su casa abierta y no pasaba nada", recuerda la socióloga Juana Camargo.
Ya no es así. "El destape vino después de la invasión de EEUU a Panamá en el 89", explica el sociólogo Marco A. Gandásegui. La invasión puso fin al control de pandillas, drogas y armas de la dictadura de Manuel Antonio Noriega, y abrió el mercado del delito en el escenario de la pequeña nación, no preparada para lo que vendría. El crimen organizado, que Gandásegui define como: "penetración de las redes criminales en los gobiernos", se fortaleció en Latinoamérica: Colombia, Perú, Guatemala... Panamá.
Años después, el Ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, dice una y otra vez que "el narcotráfico se apoderó de lugares estratégicos". La posición geográfica convirtió a este país en uno. Excusa perfecta de la constante influencia de EEUU en las políticas de turno, dice Gandásegui.
Desde el advenimiento de la democracia, gobierno tras gobierno, aumentaron las partidas para defensa y seguridad ¿De qué sirvió? Para los panameños, de nada. El 80% apunta a la inseguridad como problema primordial. Una realidad que el propio Mulino reconoce: Admitió que las políticas fracasaron aunque su administración destinó 500 millones de dólares en la ejecución del unidireccional Plan de Estrategia de Seguridad.
¿Qué falló?
"VIENE EL LOBO"
El fenómeno violencia fue ignorado por años, con incipientes procesos cortados una y otra vez, al empezar los ciclos presidenciales.
Así, el gobierno de Pérez Balladares implementó un programa de rehabilitación de pandilleros que dejó un saldo de cero pandillas en Colón y 80 en Ciudad de Panamá. Pero el gobierno de Mireya Moscoso no lo continúo. "Lo que inicia no concluye por las luchas bipartidistas", cuenta el consultor Gilberto Toro. El nuevo gobierno archivó el proceso, destituyó a los responsables, los muchachos quedaron solos, algunos formaron fundaciones, consiguieron trabajo, otros volvieron a las calles desconfiados y recelos.
Mientras el estandarte de la seguridad sobresalía de nuevo en la región y el gobierno establecía "los fundamentos de la política panameña de seguridad", la violencia poco a poco se nutría en las zonas marginales. Las pandillas se multiplicaron, incrementando los índices criminales.
De repente, la alerta: una balacera en Casco Antiguo, en fuego cruzado, el alcalde Juan Carlos Navarro. Se activaron las alarmas, el gobierno inició un nuevo proceso, sin mirar atrás. Y fracasó. Entonces, con la presión internacional encima, Mireya adoptó el modelo hondureño. La Ley antipandillas: todo el que parece o se le asocia con una pandilla, va preso. Mano dura.
"Los pandilleros llenaron las cárceles", cuenta Toro. "¡Qué felicidad! El gobierno logró limpiar las calles", continúa el especialista en pandillas, pero: "Qué hacer ahora con esos chicos". La sobrepoblación carcelaria hizo su aparición. Un problema de arrastre que aún hoy no encuentra solución.
¡Viene el lobo. Viene el lobo! indicaban los emergentes brotes de violencia barrial, y como en la fábula de Esopo, nadie hizo caso hasta que el crimen salió de los cinturones de pobreza para alimentarse en zonas residenciales, y más allá, en las provincias. "A nadie le importaba hasta que los chicos empezaron a mezclarse con el sicariato y eso afecto al resto de la ciudadanía", cuenta Rafael Zeballos, director de la fundación Jesús Luz de Oportunidades.
PLANES DE SEGURIDAD
Martín Torrijos debía crear un Plan de alerta de Seguridad Nacional. Y así lo hizo. La Alianza Ciudadana Pro Justicia elaboró un primer plan.
En esa época también se consolidó el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), "herramienta para militarizar el país cercando comunidades indígenas y campesinas", explica Gandásegui. A mediados del 2008 Panamá se adscribió al Plan Mérida, una iniciativa estadounidense de seguridad para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en la región. Para los especialistas, otra iniciativa que busca recomponer la hegemonía del país del norte en territorio istmeño.
Con la presión internacional, Ricardo Martinelli se posiciona en 2010, cambiando de nuevo las directrices.
Aprueba la creación de un nuevo Ministerio de Seguridad Pública para planificar coordinar, dirigir, controlar y apoyar los estamentos de seguridad e inteligencia del país. Los especialistas opinan que le falta contenido: No hay prevención, no hay observación.
A pesar del presupuesto recibido de mil 500 millones, 637 para el año fiscal 2013, el ministerio no tiene estructura institucional y tampoco existe un foco de estudio. Está el SIEC (Sistema de Estadísticas Criminales), que da las cifras de violencia, pero falta el componente de observación y análisis.
El plan del gobierno anterior fue cambiado por el Plan de Estrategia Nacional 2011-1014, que para los expertos es una copia del plan de Nicaragua, aplicada sin consulta acá. "Se repiten errores, copian mal lo de afuera, en lugar que reconocer el trabajo precedente", sugiere Toro. Así, una y otra vez se firmaron tratados, acuerdos, implementándose nuevas políticas y planes que siguen sin responder a la realidad panameña.
Pese a todos los esfuerzos en seguridad, las presiones que ejercen las diversas modalidades de violencia van penetrando gradualmente en el entramado social e institucional del Estado. La política ha dado resultados en la lucha contra el narcotráfico: el país ostenta la incautación de 70 toneladas anuales de cocaína -2 mil 400 millones de dólares a precio de mercado-, pero no ha logrado resolver el problema de seguridad ciudadana. Veinticuatro asesinatos por cada 100 mil habitantes: solo un 17% asociado al narcotráfico y al crimen organizado.
"ENFERMOS DE VIOLENCIA"
Mulino dice que la sociedad panameña está "enferma de violencia". Admite que la violencia doméstica y las riñas callejeras se tomaron el primer puesto. Pero este es un problema viejo, dice Toro. No responde a políticas represivas y tiene su origen en el olvido estatal: la marginalidad como deficiencia, la ruptura del sistema escolar, la falta de oportunidades para que los jóvenes desarrollen sus potencialidades, se convierten en caldo de cultivo para procesos de violencia doméstica y callejera, que en el tiempo se transforma en crimen organizado. Una historia ya conocida por quienes implementan las políticas estatales. La fórmula es simple, explica Toro: mayor inversión en procesos sociales menos violencia (ver recuadros).
Para la periodista Magaly Montilla, que coordina el reporte mensual de crímenes en El Siglo, es un asunto de discurso: "Hace dos años se decía que el mayor problema era el narcotráfico y por eso se implementó toda esta política de seguridad represiva". Hoy las estadísticas de violencia apuntan a las calles, al espacio cotidiano.
El crimen en Panamá no es tan agudo como en Guatemala, Honduras o México. Podría acabarse con más prevención y promoción. Zeballos y Toro, que han tenido experiencias de rehabilitación exitosas con pandillas en Colón, San Felipe, Chorrillo y Curundú, creen que los altos índices de violencia se deben a la falta de voluntad política.
"El gobierno complica este tema porque le conviene, el crimen justifica más inversión", afirma Toro. "De lo contrario, hace rato hubieran acabado con el problema a través de proyectos educativos y laborales de inclusión social, como el de Colón en el 98, el de Curundú, o los de la Fundación de Jesús", concluye.
Zeballos le apoya. Y es que él ahora mismo está culminando un proceso con una pandilla de la zona del Casco Viejo con presupuestos privados y autogestionados: 30 hombres reinsertados a la vida laboral. ¿El costo total del proyecto? 70 mil dólares. "¿Cuánto vale un radar, un avión, los helicópteros?", pregunta este panameño, comprometido en la lucha contra la violencia a través de políticas de seguridad no represivas, que brinden otras oportunidades a los niños y acaben con las 250 pandillas de Panamá, sin terminar con las vidas de sus 5 mil miembros.
"ESTAMOS CONFUNDIDOS"
Para los especialistas, la política de seguridad parte de la base equivocada: un gobierno que invierte 49 millones para vigilar las fronteras, ganarle la lucha al narcotráfico y el terrorismo, pero no en programas a largo plazo para disminuir los niveles de pobreza de las 300 mil personas de los cinturones de miseria, presas fáciles del delito. Un gobierno que manda a construir 4 prisiones para solucionar el problema carcelario, pero no tiene observatorios de violencia adecuados al contexto, ni programas de rehabilitación para los privados de libertad.
En lugar de prevenir, el gobierno en su intento por disminuir el crimen, sigue apostando a reprimir. Reforzar muros, barrotes, crear espacios de control. Estamos enfermos de violencia, sí, reafirma Toro, pero es un problema anclado en la falta de oportunidades, en la educación deficiente. "Al seguirle el juego a EEUU en sus políticas de militarización, nos hemos olvidado del entramado social y la inmensa desigualdad donde nace el círculo de la violencia", concluye Gandásegui.