BRASIL. Calificado como el "juicio del siglo", el Tribunal Supremo Federal de Brasil inició el proceso por el que juzga a 38 personalidades de la política, la banca y el mundo empresarial acusadas por un escándalo de corrupción bautizado como mensalão (mensualidad). El caso que fue destapado en 2005, cuando se supo que se habían desviado unos 40 millones de dólares de dinero público para la compra de votos en el Congreso, entre 2002 y 2005.
En las próximas semanas la Corte determinará las responsabilidades de los supuestos implicados en ese sofisticado plan que, según la Fiscalía, involucró a dirigentes históricos del Partido de los Trabajadores (PT) —al que pertenecen Lula y la actual presidenta brasileña, Dilma Rousseff— que gobierna Brasil desde hace casi diez años. Específicamente son acusados de asociación para delinquir, peculado, lavado de dinero, corrupción y fraude, delitos por lo que podrían ser condenados a penas de hasta 45 años de prisión.
El hecho liquidó la plana mayor del PT de la época y puso en peligro al propio Lula, que según confesó en una entrevista este año sintió que estaba al borde del abismo.
Entre los procesados aparecen los exministros José Dirceu (de la Presidencia), Luiz Gushiken (de Comunicación) y Anderson Adauto (de Transportes) y tres exdirectivos del Banco Rural (privado) y otro del Banco do Brasil (público), tres operadores del mercado financiero, un exfuncionario del Ministerio del Trabajo y ocho empresarios del ramo de la publicidad.
Todos los medios de comunicación siguen el minuto a minuto de las audiencias y los analistas no hablan de otra cosa. Del resultado de la sentencia, dicen, puede depender el futuro de Brasil, o, como ha escrito el sociólogo y expresidente Fernando Henrique Cardoso: "Podría suponer un cambio en la cultura del país".
Aunque es un juicio muy esperado por algunos sectores del oficialismo y de la oposición, no parece simple. Uno de los 11 jueces de la Corte tiene denuncias en su contra. trata de Gilmar Mendes, de quien se dice que había resultado beneficiado por un esquema similar de corrupción montada en 1998 en Minas Gerais.
Así las cosas, la sentencia revelará si Brasil seguirá sumergido en un mar de corrupción o pasará a la historia por castigar ilegalidad.
BRASIL. Calificado como el "juicio del siglo", el Tribunal Supremo Federal de Brasil inició el proceso por el que juzga a 38 personalidades de la política, la banca y el mundo empresarial acusadas por un escándalo de corrupción bautizado como mensalão (mensualidad). El caso que fue destapado en 2005, cuando se supo que se habían desviado unos 40 millones de dólares de dinero público para la compra de votos en el Congreso, entre 2002 y 2005.
En las próximas semanas la Corte determinará las responsabilidades de los supuestos implicados en ese sofisticado plan que, según la Fiscalía, involucró a dirigentes históricos del Partido de los Trabajadores (PT) —al que pertenecen Lula y la actual presidenta brasileña, Dilma Rousseff— que gobierna Brasil desde hace casi diez años. Específicamente son acusados de asociación para delinquir, peculado, lavado de dinero, corrupción y fraude, delitos por lo que podrían ser condenados a penas de hasta 45 años de prisión.
El hecho liquidó la plana mayor del PT de la época y puso en peligro al propio Lula, que según confesó en una entrevista este año sintió que estaba al borde del abismo.
Entre los procesados aparecen los exministros José Dirceu (de la Presidencia), Luiz Gushiken (de Comunicación) y Anderson Adauto (de Transportes) y tres exdirectivos del Banco Rural (privado) y otro del Banco do Brasil (público), tres operadores del mercado financiero, un exfuncionario del Ministerio del Trabajo y ocho empresarios del ramo de la publicidad.
Todos los medios de comunicación siguen el minuto a minuto de las audiencias y los analistas no hablan de otra cosa. Del resultado de la sentencia, dicen, puede depender el futuro de Brasil, o, como ha escrito el sociólogo y expresidente Fernando Henrique Cardoso: "Podría suponer un cambio en la cultura del país".
Aunque es un juicio muy esperado por algunos sectores del oficialismo y de la oposición, no parece simple. Uno de los 11 jueces de la Corte tiene denuncias en su contra. trata de Gilmar Mendes, de quien se dice que había resultado beneficiado por un esquema similar de corrupción montada en 1998 en Minas Gerais.
Así las cosas, la sentencia revelará si Brasil seguirá sumergido en un mar de corrupción o pasará a la historia por castigar ilegalidad.