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El pasado 17 de octubre, el Consejo Permanente de la OEA consideró una resolución para conmemorar los 50 años de la primera misión de observación electoral de la organización efectuada en Costa Rica en 1952. Presentada por el colega tico, de inmediato contó con el apoyo de varias misiones, incluyendo la de Panamá.
Aproveché la ocasión para mencionar que el día anterior, en mi país, se había escogido por el Órgano Judicial un nuevo magistrado del Tribunal Electoral, que todos los sectores consideraban que era una garantía para la preservación democrática.
Durante mi intervención reiteré que uno de los propósitos de la OEA, contenidos en la Carta Democrática Interamericana, es la de promover y consolidar la democracia representativa de sus miembros dentro del principio de la no intervención. Principio éste que debe fundamentarse en la libertad, la equidad y la justicia social, lográndose así el ejercicio efectivo de lo que es la democracia representativa.
Consideré la ocasión propicia para reflexionar sobre lo que debe ser una elección, ya que pareciera que para algunos esas condiciones sólo se aplican a unos, como es el caso de Paraguay, donde ésos han pedido que se observe el proceso electoral casi un año antes de que se den las votaciones en ese país. Las elecciones, señalé, no sólo son el día de las votaciones ni mucho menos sólo el conteo de los votos emitidos.
Para mí, para que sea completamente limpia debe estar rodeada de una serie de condiciones, mencionando algunas de ellas: Una Contraloría General que fiscalice el uso de los fondos públicos, para impedir que éstos sean usados para favorecer a algún candidato; que se garantice que la justicia electoral sea independiente y censure y castigue oportunamente abusos, vengan de donde vengan. Que la justicia ordinaria no sea utilizada para perseguir a opositores y para interpretar la Constitución cuando sea para favorecer a algún candidato; que la Fuerza Pública sea ajena a la política partidista y responda únicamente a la preservación del orden democrático. Que la libertad de expresión sea garantizada, así como el acceso igualitario a los medios de comunicación de todos los candidatos, sobre todo de aquellos al servicio del Estado. Que se respeten los derechos humanos de los electores y de los candidatos y que se vele porque las concentraciones públicas no sean obligatorias para ninguna persona, tal como lo vivimos en los tiempos de Noriega, donde el funcionario que no asistía era destituido de inmediato. Finalmente, que se respete el principio de la no intervención en las elecciones de otro Estado, como repetidamente sea denunciado. En ese análisis de lo que debe ser un proceso electoral, que va mucho más allá del día de las elecciones y del conteo del sufragio, y que puede durar muchos meses, pensamos debe renovarse el compromiso de la OEA para que sea todo ese período el que sea objeto de la observación electoral, tal como algunos hipócritas hoy le exigen a un país digno como Paraguay y en su oportunidad exigieron a un país como Honduras, que muchos de ellos ni siquiera sabían dónde quedaba.
EMBAJADOR DE PANAMÁ ANTE LA OEA.