PANAMÁ. Tras dos días en que los choques entre quienes adversan y quienes apoyan el proyecto de ley 508 que reforma el Código Electoral estuvieron a la orden del día, la junta directiva de la Asamblea Nacional decidió anoche reiniciar hoy la sesión plenaria a las siete de la mañana.
La directiva legislativa sigue firme: la sesión será a puerta cerrada, no se permitirá el acceso al público y se mantienen las órdenes de reforzar la seguridad en los predios del Palacio Justo Arosemena, sede de la Asamblea Nacional.
Los disturbios de ayer dejaron al menos diez personas afectadas por gases de las unidades de la Policía Nacional, ocho heridos por golpes contundentes y por lo menos cinco detenidos por los desórdenes.
También se registraron daños materiales causados por los manifestantes.
En más de una ocasión, los grupos contrarios se enfrentaron a puños y se lanzaron cuanto objeto encontraron a su paso.
Dirigentes políticos del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) y del Partido Panameñista, así como del Frente Amplio por la Democracia, intentaron —sin éxito— acceder a presenciar el desarrollo de las sesiones, pero las unidades de la Policía para le Control de Multitudes que custodiaban desde dentro de la cerca las instalaciones legislativas, les impidieron el paso.
ACUSACIONES Y CONTRAACUSACIONES
La jornada también estuvo plagada de acusaciones entre diputados de gobierno y oposición. Mariano Mena, dirigente del Frente por la Democracia, se suma al cruce de acusaciones.
Sergio Gálvez, presidente de la Asamblea, responsabilizó a los partidos de oposición de los desórdenes ocurridos.
Según dijo, tenía información de que habían contratado por lo menos "tres sicarios para que atentaran contra los manifestantes y la vida de los diputados".
De inmediato Jorge Iván Arrocha, coordinador de la bancada panameñista, lo negó. Arrocha dijo que lo que había era gente defendiendo la democracia y que rechaza la actuación de un gobierno autoritario.
El dirigente sindical Mariano Mena también denunció que había tenido conocimiento de que se había pagado a un grupo de "chacalitos" (maleantes) de la provincia de Colón para que lo agredieran.
SESIÓN ACCIDENTADA
Mientras el caos imperaba en los alrededores de la Asamblea, en el recinto legislativo las maniobras dilatorias por parte de diputados de la oposición —PRD y Panameñismo— impidieron que se avanzara con la discusión del polémico proyecto de ley 508.
Las constantes interrupciones, así como la presentación de modificaciones y anteproyectos de ley, dominaron la sesión, que no tuvo avances en el debate.
Según el anuncio hecho anoche, se espera que la sesión se reanude hoy a las siete de la mañana.
LLAMADOS A LA CORDURA
Tras los violentos incidentes, Gerardo Solís, magistrado presidente del Tribunal Electoral, hizo un llamado a la cordura, aunque dijo que no le resulta extraño que haya este tipo de reacciones "en las que se enfrenta pueblo contra pueblo por la acción de un gobierno que trata de imponer una iniciativa ilegítima que no goza del aval de las mayorías".
Por su parte, Alma Cortés, ministra de Trabajo y dirigente de Cambio Democrático, calificó de "censurable" y "deleznable" la situación que se vivió, por lo que apeló a la tolerancia.
PANAMÁ. Tras dos días en que los choques entre quienes adversan y quienes apoyan el proyecto de ley 508 que reforma el Código Electoral estuvieron a la orden del día, la junta directiva de la Asamblea Nacional decidió anoche reiniciar hoy la sesión plenaria a las siete de la mañana.
La directiva legislativa sigue firme: la sesión será a puerta cerrada, no se permitirá el acceso al público y se mantienen las órdenes de reforzar la seguridad en los predios del Palacio Justo Arosemena, sede de la Asamblea Nacional.
Los disturbios de ayer dejaron al menos diez personas afectadas por gases de las unidades de la Policía Nacional, ocho heridos por golpes contundentes y por lo menos cinco detenidos por los desórdenes.
También se registraron daños materiales causados por los manifestantes.
En más de una ocasión, los grupos contrarios se enfrentaron a puños y se lanzaron cuanto objeto encontraron a su paso.
Dirigentes políticos del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) y del Partido Panameñista, así como del Frente Amplio por la Democracia, intentaron —sin éxito— acceder a presenciar el desarrollo de las sesiones, pero las unidades de la Policía para le Control de Multitudes que custodiaban desde dentro de la cerca las instalaciones legislativas, les impidieron el paso.
ACUSACIONES Y CONTRAACUSACIONES
La jornada también estuvo plagada de acusaciones entre diputados de gobierno y oposición. Mariano Mena, dirigente del Frente por la Democracia, se suma al cruce de acusaciones.
Sergio Gálvez, presidente de la Asamblea, responsabilizó a los partidos de oposición de los desórdenes ocurridos.
Según dijo, tenía información de que habían contratado por lo menos "tres sicarios para que atentaran contra los manifestantes y la vida de los diputados".
De inmediato Jorge Iván Arrocha, coordinador de la bancada panameñista, lo negó. Arrocha dijo que lo que había era gente defendiendo la democracia y que rechaza la actuación de un gobierno autoritario.
El dirigente sindical Mariano Mena también denunció que había tenido conocimiento de que se había pagado a un grupo de "chacalitos" (maleantes) de la provincia de Colón para que lo agredieran.
SESIÓN ACCIDENTADA
Mientras el caos imperaba en los alrededores de la Asamblea, en el recinto legislativo las maniobras dilatorias por parte de diputados de la oposición —PRD y Panameñismo— impidieron que se avanzara con la discusión del polémico proyecto de ley 508.
Las constantes interrupciones, así como la presentación de modificaciones y anteproyectos de ley, dominaron la sesión, que no tuvo avances en el debate.
Según el anuncio hecho anoche, se espera que la sesión se reanude hoy a las siete de la mañana.
LLAMADOS A LA CORDURA
Tras los violentos incidentes, Gerardo Solís, magistrado presidente del Tribunal Electoral, hizo un llamado a la cordura, aunque dijo que no le resulta extraño que haya este tipo de reacciones "en las que se enfrenta pueblo contra pueblo por la acción de un gobierno que trata de imponer una iniciativa ilegítima que no goza del aval de las mayorías".
Por su parte, Alma Cortés, ministra de Trabajo y dirigente de Cambio Democrático, calificó de "censurable" y "deleznable" la situación que se vivió, por lo que apeló a la tolerancia.