Los países como el nuestro, jóvenes aún y con instituciones muy frágiles, tienen su desarrollo de manera muy contradictoria y muy lenta. Ausentes de consensos nacionales sobre los principales temas que atañen a todo el país, con liderazgos débiles, con una intelectualidad simplista y esquemática, basan sus políticas en los criterios e intereses de los grupo que quinquenalmente llegan al poder.
La Seguridad Nacional no escapa de esa realidad. Luego de la destrucción de su aparato institucional, nos ha tomado veinte años alcanzar el nivel de formación que esta tenía, con el agravante de que los desafíos que debe enfrentar son aún más complejos y novedosos. Existieron muchos prejuicios y temores infundados sobre la necesidad de dotarla de los recursos humanos, estructurales y tecnológicos. Los llamados consensos suscritos por las élites políticas jamás fueron transferidos a la sociedad convirtiéndose rápidamente en letra muerta, sustituidos por la prioridad que, sobre la seguridad, tuviera el Gobierno de turno.
En la vida de un miembro de la nueva Seguridad Pública este ha visto pasar por la jefatura de su institución a diez o doce Directores sin conocimiento del tema o con experiencias deformadas y trastornadas. Sin que mediara una moderna y actualizada ley orgánica con la capacidad de adecuarse al ritmo de su evolución y desarrollo. Pese a esos contratiempos la Fuerza Pública ha logrado superar una parte de esos escollos. Todavía queda mucho por hacer.
El quinquenio actual se ha caracterizado por un impresionante avance tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. El punto más importante es la creación del Ministerio de Seguridad Pública que establece un salto de grandes proporciones. Su objetivo busca unificar las políticas de seguridad incorporando además nuevas instituciones, como la dirección Nacional de Aduanas, la Dirección Nacional de Migración y la Autoridad del Canal de Panamá, amén de un sin número de organismos gubernamentales agrupados en el Gabinete de Seguridad Preventiva. Respetando los compromisos adquiridos en la cooperación internacional por los Gobiernos anteriores se han impulsado y desarrollado cerca de 10 grandes proyectos para la seguridad regional y el control hacia el crimen organizado.
Durante estos tres años se han ejecutado inversiones por más de 1,400 millones cuyos objetivos son los de dotar a las diversas ramas de la seguridad de los instrumentos que le permitan avanzar en su profesionalización, capacitación, equipamiento, elevación de su capacidad operativa y sobre todo tecnológica, todo ello con miras a ennoblecer el sentido de responsabilidad, disminuir las deserciones y aumentar su orgullo institucional.
Este plan de Seguridad Nacional sienta las bases para que el próximo Gobierno consolide ese esfuerzo, superando los naturales rezagos en materia de políticas preventivas y de justicia penal. Ese es un reclamo social justificado pues lo que se busca con ello es construir el tejido social de apoyo a la lucha contra todas las manifestaciones y modalidades del delito y la violencia interna.
*ANALISTA POLÍTICO.
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